En un pueblecito akha del norte de Tailandia vive una comunidad que quiere salir adelante mediante la comercialización del café que cultivan. Se han planteado obtener el certificado de comercio justo que les permitiría vender su café a mercados internacionales que pagarían un poco más por él. Pero cuando han empezado a preguntar por los requisitos, lo que cuesta y quién se beneficia de la certificación, han abandonado el proyecto. Este artículo termina con una propuesta alternativa de certificación para que las respuestas convenzan a los pueblos que, como los akha, se plantean la vía del comercio justo para sus productos.
Buscando una salida comercial digna para el café de una comunidad akha
Mae Jantai es un pueblo del norte de Tailandia habitado por unas cuarenta familias de la etnia akha. Desde que han entrado en contacto con la civilización hegemónica tailandesa, integrada en la economía global, han empezado los problemas para los akha. La globalización ha impactado con fuerza en su cultura. Por otra parte, el no reconocimiento de la ciudadanía a más de la mitad de la población les imposibilita el acceso a los servicios públicos básicos o les niega el derecho a la propiedad de las tierras que vienen cultivando durante varias generaciones. Los akha han sido tradicionalmente agricultores. Su economía de subsistencia está centrada en el cultivo de arroz. Durante muchos años cultivaron también opio, que consumían básicamente con fines medicinales y que además les servía como moneda de intercambio con otros pueblos que les proveían de productos de los que carecían, como azúcar o sal. En la década de los 70 y 80 del siglo pasado, el gobierno tailandés, presionado por las mismas naciones que unos años antes habían incentivado su consumo entre la población local, erradicó casi totalmente su cultivo. Como alternativa introdujo plantas de té y café en la zona.
Situado a casi 1500 metros de altitud, en Mae Jantai se dan las condiciones idóneas para el cultivo del café. El pueblo produce entre 3 y 5 toneladas anuales de la variedad arábica. Pero esta comunidad, como otras decenas de comunidades de minorías étnicas del norte de Tailandia, tienen un grave problema a la hora de vender su café. El mercado interior prácticamente está dominado por intermediarios de las grandes multinacionales que presionan a la baja los precios. El beneficio, al final de todo el proceso, acaba siendo prácticamente nulo. Las comunidades que pertenecen a minorías étnicas en Tailandia siguen siendo las más pobres y marginalizadas de la sociedad.
Lee es un joven akha de Mae Jantai que tuvo la suerte de estudiar con unos monjes budistas que le pagaron su educación. Mediante un gran esfuerzo de su familia y parientes, pudo incluso acceder a la universidad y licenciarse en inglés. Consciente del grave problema de la comercialización del café, desde el año 2007 está embarcado en un proyecto social en colaboración con los agricultores de su pueblo. Intentan producir un café cada vez de mayor calidad, darle una marca comercial y conseguir así mejores precios negociando directamente con compradores de las ciudades cercanas. El beneficio, si existe, se invierte en servicios que la comunidad necesita. Lee se dio cuenta pronto de que obtendrían un precio mayor si conseguían vender el café del pueblo en mercados más lejanos, como el europeo. Pero la realidad es que en Europa sólo es posible pagar un precio justo por un café de esas características si consigue entrar en el mercado de los cafés selectos, si es un café ecológico o si es un café con el certificado de comercio justo.
Cuando contactamos con Lee, visitamos su pueblo y nos cercioramos de que realmente se trataba de un proyecto social no lucrativo, nuestra asociación decidió ayudarle. O al menos, intentarlo. La opción más obvia parecía la de conseguir la certificación de comercio justo. Pero tras un año de entrevistas con diferentes actores hemos abandonado la idea. Este artículo quiere dar un toque de atención sobre la injusticia del proceso de certificación de los productos de “comercio justo”.
La injusticia de la certificación del comercio justo
En Catalunya y España el mercado de productos de comercio justo está básicamente monopolizado por el sello FLO. Los estándares de certificación del sello FLO los define FLO International, una organización sin ánimo de lucro de la que forman parte las asociaciones, fundaciones y cooperativas principales de este mercado en nuestro país. Sin embargo, la entidad certificadora, FLO-Cert, con base en Alemania, es una empresa privada con ánimo de lucro que impone los precios y procedimientos de la certificación. Los productores han de pagar 400 euros al día a un auditor alemán que viaja para certificar el producto, y la misma cantidad al analista alemán que verifica que todo sea correcto. A razón de tres días de promedio que pasa el auditor en el terreno, más un día del analista, más la cuota inicial por comenzar el proceso, la auditoría sube a unos 2000 euros, que además se han de pagar anualmente para conservar el certificado. Esta cantidad supone el 25 % del precio bruto de venta del café que puede vender la comunidad de Mae Jantai en los mercados de comercio justo. Si lo asumieran, la operación acabaría en pérdidas. Dos mil euros puede que no sea mucho para nosotros pero en Tailandia es el sueldo anual de un trabajador medio. Obviamente este precio podría ser mucho menor si los auditores fueran tailandeses y cobraran sueldos tailandeses. Pero como buena empresa capitalista que es, FLO-Cert, fiel a su objetivo de conseguir el máximo beneficio, se niega en redondo a abrir sucursales o a capacitar personas en los países productores. Se da así la paradoja de que la empresa certificadora de comercio justo no cumple los estándares que ella misma exige a los productores: ni es democrática, ni reparte los beneficios entre ninguna comunidad ni es respetuosa con el medio ambiente, si tenemos en cuenta los constantes viajes en avión desde Alemania a diferentes partes del mundo. Si el certificador tuviera que certificarse siguiendo los mismos criterios, ningún producto conseguiría el certificado. En conclusión, el certificado es un fraude.
Antes de renunciar a seguir por este camino en nuestro deseo de apoyar a estos agricultores akha, nos planteamos dos alternativas. La primera, sugerida por uno de los integrantes de FLO, era tratar de que la comunidad de Mae Jantai se uniera a otras comunidades, aumentaran entre todos la producción y así les saliera a cuenta la inversión en el certificado. Pero esta alternativa entra en contradicción con el principio fundacional del comercio justo, que es precisamente proteger a los pequeños productores frente a las multinacionales del sector. Les estaríamos diciendo que dejaran de ser pequeños, que se organizaran en estructuras más grandes, con la consiguiente pérdida de control directo sobre todo el proceso. En nuestro caso esta posibilidad tendría un impacto mayúsculo en la comunidad de Mae Jantai. Tradicionalmente la unidad política, económica y social de los akha es el poblado. El poblado es casi autárquico y crear una estructura superior supondría cambiar un sistema de organización que ha pervivido al menos durante 1500 años.
La otra posibilidad era que nuestra asociación buscara los recursos necesarios para pagarles la certificación. Pero lo sentimos mucho, no queremos ser colaboradores de un negocio que, con la excusa de ayudarles, se aprovecha de los más débiles para el propio beneficio. Esta decisión la tomamos conjuntamente con Lee y su comunidad cuando se percataron, al mismo tiempo que nosotros, del negocio puro y duro que hay detrás de la certificación. Por otra parte, una persona que trabaja en FLO-Tailandia un poco a su pesar nos acabó confesando sus dudas sobre la verificación de todo el proceso, pues casi todo se basa en documentación que el productor ha de especificar y que se envía a Alemania para su análisis. El auditor sólo pasa tres días en el terreno y difícilmente va a poder comprobar toda la información que se ha escrito.
Más allá de FLO: principios para una nueva certificación solidaria
Pero no queremos ser agoreros. Seguimos creyendo en que un comercio más justo es posible. Sin embargo, a nuestro entender, ha de estar basado en otros parámetros. Somos conscientes de que el comercio justo no ha de basarse sólo en que el precio que cobre el productor sea justo –con todas las dudas de un precio justo referenciado a los lejanos mercados de Nueva York-, sino que además existen otros múltiples factores en el proceso que va del productor al consumidor que han de tenerse en cuenta. Debido a esta complejidad y muy variada casuística, desde aquí, humildemente, queremos proponer una alternativa al sello FLO, que deberíamos consensuar entre todos los que pensamos igual. Nos gustaría crear un nuevo certificado basado en el principio general de confianza, que se concreta en los siguientes puntos:
1) coste 0 para el pequeño productor
2) principio general de confianza en los actores implicados
3) el producto es de comercio justo si así lo avala
3.1) en el sur: el productor, organizado en una entidad sin ánimo de lucro o de economía social y
3.2) en el norte: una organización sin ánimo de lucro o de la economía social que colabore, conozca y apoye al productor y de fe de que en el proceso de comercialización del productor al consumidor no se aprovecha ninguna entidad que directa o indirectamente esté perjudicando los intereses de los productores del sur (con este punto ponemos el filtro a los McDonalds o Nestles de turno)
4) certificación en negativo: el certificado puede ponerse en suspenso previa denuncia documentada que muestre que no se cumple el punto anterior
5) los productos con el nuevo certificado serán consultables vía web, junto con información sobre los productores y las organizaciones que los avalan
6) los productos con el nuevo certificado serán admitidos en todos los canales de distribución de productos de comercio justo y serán aceptados como tales por las administraciones públicas
7) la entidad que mantenga la gestión del nuevo certificado ha de ser sin ánimo de lucro, democrática y representativa. Su financiación se sufraga con el esfuerzo de las organizaciones que en ella estén representadas y, a ser posible, con la complicidad de la administración pública
Esperamos con este escrito estimular el inicio de este nuevo proceso de certificación para crear las condiciones de un comercio más justo donde ningún actor se aproveche injustamente y, a costa de los pequeños productores que supuestamente apoya, desvirtúe el sentido y la noble finalidad que se intenta conseguir.
